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Corrupción y postconflicto

 

Por: Lina María Arango 

Como nuevo presidente de Colombia, Iván Duque reiteró en su primer discurso su compromiso con la lucha anticorrupción y la definió como uno de las principales banderas en el gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto. En medio de la euforia de su victoria, la prevención de corrupción se definió como un tema prioritario en la agenda pública. En este sentido, los recursos destinados por la cooperación internacional para la implementación de los acuerdos de paz requerirán una mayor transparencia en su ejecución.


Si bien el compromiso de la comunidad internacional ha sido evidente para apoyar la ejecución de proyectos territoriales enfocados a la construcción de paz, el panorama interno no es tan optimista debido no sólo a la polarización, si no a la falta de confianza y credibilidad en las instituciones del Estado. Las constantes investigaciones de funcionarios públicos y el exceso de burocracia son algunos ejemplos que no sólo han afectado la legitimidad de las instituciones creadas en el marco de la negociación con las Farc, sino que ha terminado por deteriorar el ambiente para una adecuada implementación de los acuerdos en el nivel territorial.

En un contexto de postconflicto, la relación entre corrupción, pobreza y la inequitativa distribución de los recursos públicos son un reto a asumir en la construcción de paz estable y duradera. Después de realizar estudios de caso en países en post conflicto como Afganistán, el Congo, Irak, Sierra Leona y Timor del Este, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -Pnud- concluyó que la corrupción es uno de los factores que contribuyen a reactivar la violencia armada en muchas sociedades de post conflicto.

Los gobiernos que han experimentado conflicto armado son particularmente vulnerables a la corrupción. En el caso colombiano, los narcotraficantes, contrabandistas, bandas criminales o carteles de funcionarios corruptos son actores que buscan apropiarse de los recursos destinados a brindar los servicios públicos básicos y oportunidades económicas para los más pobres.  

Superar el frágil ambiente de confianza en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, la débil efectividad de los dirigentes políticos del más alto nivel nacional y territorial para combatir la corrupción y la politización de las instituciones son retos que aunque prioritarios no han sido asumidos ni desde el gobierno nacional, ni desde el nivel territorial. Los recursos públicos locales para la paz deben ser administrados con transparencia y planeación mas allá de intereses políticos, fortaleciendo las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas de manera transversal y general.

Con ello se mitiga el ambiente de desconfianza y desesperanza de la ciudadanía frente al manejo de los recursos de la paz. Bienvenido el compromiso del presidente electo. Esperaremos con hechos la materialización de su discurso anticorrupción. El reto es enorme.

 

Columna Publicada inicialmente en el Diaro el Otún 

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